La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, con base en su experiencia de 10 años en el combate a la corrupción, considera su deber decirle al país lo aprendido. Podemos afirmar que hasta hoy contamos con un importante bagaje de conocimiento en los componentes de nuestro accionar. Se trata, por un lado, de un acumulado experiencial de trabajo a través de la organización social de ciudadanas y ciudadanos, mujeres y hombres trabajadores, profesionales, empresarios, campesinos, juventudes, etc., es decir, de todos aquellos sectores que por Ley son nuestros mandantes y forman parte de nuestro trabajo de vigilancia del bienhacer público y a quienes los hemos involucrado en el desarrollo de diversos mecanismos de prevención de la corrupción. Asimismo, sobre la base de la experiencia en el tratamiento jurídico de la corrupción, hemos logrado concebir una doctrina, un acumulado gnoseológico del fenómeno de la corrupción.
Nuestra institución tiene un nexo más directo con el ciudadano común, quien no necesita de ningún Abogado para acercarse a denunciar un acto que deba ser investigado y eventualmente derivado a los Órganos de Justicia; este mismo ciudadano, en cambio, que no conoce los procedimientos jurídicos, tiene muchas dificultades para acudir, por ejemplo, a la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía General del Estado si no lo patrocina un Abogado. Nosotros cubrimos y somos ese nexo directo entre la sociedad civil y los demás organismos del aparato estatal que, desde diferentes ángulos, combaten el delito de la corrupción. En representación de la ciudadanía abrimos la posibilidad de que ésta intervenga en la vigilancia y control de la gestión pública.
El accionar y las funciones de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, a pesar de su autonomía y de su especificidad en el combate contra la corrupción, no entran en conflicto con los demás órganos y funciones estatales, como son la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, etc. que también tratan entre sus obligaciones el tema de la corrupción, sino más bien complementan las actuaciones de estos organismos de justicia y control, actuando como nexo directo entre el Estado y la Sociedad Civil, revelando todas las aristas del fenómeno de la corrupción y combatiéndola mediante un mecanismo que apunta a hacerlo más allá de la institucionalidad formal, con un enfoque más vasto y participativo, constituyendo a los ecuatorianos y a la sociedad civil en sujetos activos anticorrupción.